Navidad sin la casa propia
Todos tienen algo en común: son nacidos en otra provincia y por eso están pasando la misma pena. Están radicados en Villa Mercedes y llevan al menos 5 años pagando la cuota y esperando una entrega que demora sus sueños. Son inscriptos del Plan Progreso del sistema de viviendas sociales que facilita el estado provincial a los habitantes de su provincia. Con la gestión anterior siguieron la construcción de principio a fin, desde que hicieron los cimientos. Hoy, con los planos que marcaban el número de manzana y de casa que les iba a tocar, avalan un reclamo y piden respuestas.
Son familias que a pesar de tener la documentación en regla y las cuotas al día, llevan un año esperando la vivienda que les habían prometido entregar en diciembre del año pasado. Lo que expresan es dolor y mucha pena, porque las casas que vieron construir desde los cimientos, hoy están habitadas por otros adjudicatarios. Tan al fondo de la fila quedaron que esta será la segunda Navidad sin poder brindar en la casa digna y propia.
En la gestión de Claudio Poggi quienes se anotaban en los planes habitacionales se convertían en preadjudicatarios, en la medida que cumplían con las obligaciones previstas en la legislación. A partir de diciembre de 2015, al asumir un nuevo mandato Alberto Rodríguez Saá, revisten la condición de inscriptos.
La disputa entre ambos dirigentes que determinó el alejamiento del ex gobernador del Partido Justicialista, se proyectó hacia varios frentes: el programa de vivienda, una de los pilares de la anterior gestión, fue cuestionado desde el primer día por la administración Rodríguez Saá que denuncia anormalidades. Desde el sector de Poggi respondieron que las acusaciones son de “naturaleza política”.
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La interventora Angela Gutiérrez de Gatto puso en duda todo el sistema y desde distintos puntos de la provincia empezaron las reacciones de vecinos que luchan por “los derechos adquiridos porque cumplen con los requisitos”. Las denuncias por discriminación contra el Gobierno se suceden porque “los principales afectados” son personas que no son nativos de San Luis. El INADI tomó intervención.
En las últimas semanas el Gobierno entregó más de mil viviendas: 400 en La Punta, 300 en San Luis y 410 en Villa Mercedes.
En Villa Mercedes, seis familias hablaron con elchorrillero.com y en el barrio donde iban a vivir contaron sus casos. Entre ellos, Susana Franco, la mujer que le grabó un video al gobernador expresando el dolor por la vivienda que tampoco le dieron.
Ángel Evaristo Sosa es mendocino está al día con sus cuotas; contó que el último pago lo efectuó el 16 de diciembre. Lleva 5 años esperando y hoy, junto a su esposa Josefina Luna, se siente discriminado. “En la segunda lista de entrega comprobamos que sí estábamos pero después nos sacaron. Cuando fuimos a San Luis a reclamar, Marina, una empleada de Vivienda, nos dijo que no nos iba a dar la casa porque no somos nacidos en San Luis. Cumplimos desde el primer día, no fallamos nunca. No es justo que ahora nos digan que no nos corresponde, cuando nosotros tenemos el plano de la casa, con dirección y todo de dónde íbamos a vivir”.
La respuesta no era la que esperaban porque no se consideran extraños en esta provincia. “Los dos fuimos beneficiarios del Plan de Inclusión Social desde el 2003”, indicó Ángel.
Su esposa fue por muchos años parte de Seguridad Comunitaria: “Siempre cumplimos y siempre fuimos agradecidos a esta provincia. No vinimos a robarle el pan ni la casa a nadie. Todo lo hemos logrado con mucho sacrificio. Somos dos personas grandes. Ahora vivimos de prestado en un salón”.
“Esperamos que cuando Dios nos llame estemos viviendo en la casa propia, que tanto hemos sufrido para tenerla”, puntualizó el hombre de 76 años.
Adrián Omar Pulenta nació en Mendoza y decidió radicarse en Villa Mercedes hace 10 años cuando el Estado provincial promocionaba la entrega de un terreno para los recién casados. “Nos casamos acá y hasta tuvimos una hija. Pero han sido falsas promesas, porque el terreno no lo entregaron y por eso nos ofrecieron inscribirnos en un plan de vivienda, y ya hace 5 años que estamos pagando”, dijo.
Además confirmó: “Marina, me dijo que no me iba a tocar nunca porque soy de otra provincia, no entiendo por qué esta injusticia. Esa es la confirmación que me dieron. Yo entiendo que es un problema político, pero nosotros no tenemos la culpa”.
“Queremos que alguien nos ayude. Ya no tengo esperanzas y no sé cómo seguirá todo. Le pedimos al gobernador que nos explique, porque la gente que tiene alrededor nos vive mintiendo. Que defienda a las personas que lo apoyamos como gobernador. No estamos pidiendo que nos regale nada”, dijo finalmente.
Omar Celada también es mendocino y vive en Villa Mercedes hace 10 años. Su caso es igual al de todos los que están reclamando. “Hace un año que venimos luchando, tenemos las cuotas pagas al día, la documentación en regla, el único problema es que no somos de esta la provincia. Me lo confirmaron de palabra, me dijeron que debo esperar porque no estoy en ninguna lista y que las viviendas son únicamente para la gente de acá”, puntualizó.
También consideró que “es muy difícil seguir adelante”, porque las emociones son muy fuertes. “Estamos destruidos interiormente, no tenemos plata para seguir pagando el alquiler y no sabemos si vamos a quedar en la calle. Es una situación límite. Esto es una necesidad, es un derecho constitucional que estamos esperando hace tiempo”, agregó.
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Susana Beatriz Rosso no sale de su asombro, porque es nacida y criada en San Luis, como su esposo que falleció un tiempo después de haberse inscripto en el plan, y también parece estar afuera de la lista de prioridades. “En este gobierno hay leyes propias. Hasta las ilusiones me sacaron. Es injusto, no sé de quién es la culpa, pero es un manoseo”, aseguró.
“Nunca aparecí en los listados, en ninguno de los tres que han salido. Yo tenía asignado número de vivienda y de casa. Resulta que ahora no me la van a entregar porque nací en otra provincia”, explicó Liliana Mont, oriunda de Río Cuarto.
También aseguró que “hay muchísimos casos, lo que pasa es que las personas no se manifiestan porque tienen miedo de perder su empleo”.
Agregó también: “En 2011 nos dijeron que había soluciones habitacionales, jamás nos dijeron que si éramos de afuera no nos iban a dar. Y cumplimos con los requisitos, por eso nos preadjudicaron”.
En la ciudad de San Luis
Inscriptos en los planes Sueños y Progreso, reclaman respuestas por parte del estado y que “cesen las diferencias a los nacidos en otras provincias”. La Fundación Acción Ciudadana ha tomado la posta, para dirigir los reclamos.
La entidad, que dirigen los abogados, Guillermo Domeniconi y Jorge Muse, se encarga de asesorar a los demandantes y guiarlos en su lucha judicial contra el estado.
Domeniconi informó que “estas familias, tanto de San Luis como de Villa Mercedes, nos pidieron que los acompañemos, para hacer un reclamo en conjunto por un derecho que el Gobierno les otorgó en un momento y por una disputa partidaria, ahora, se los quita”.
“Están dispuestos a dialogar y esperan soluciones acordes a sus necesidades y a sus reclamos”, resaltó el abogado.
En tanto, Muse recordó que “el estado no es una inmobiliaria, las viviendas no son ni un regalo, ni una venta son un derecho”.
Tamara Ruiz se inscribió hace años en el Plan Sueños y hoy no tiene consuelo. Decidió unirse, con otras personas en la misma situación, a la Fundación Acción Ciudadana.
La mujer brindó su testimonio a elchorrillero.com: “me desadjudicaron porque nací en otra provincia y alegaron que estoy bajo el decreto de Arraigo, por esta razón me dejaron afuera de los listados de adjudicación y de las entregas”.
“Solo puedo acceder a un hogar mediante este sistema, ya que mis posibilidades económicas me limitan. Le pedimos al Gobierno que tenga compasión porque mi marido no tiene trabajo y nos encontramos en una situación desesperante”, dijo.
Otra de las demandas que esgrimió gira en torno al arraigo: “nos sentimos muy discriminados”. Dijo: “voy a dar pelea hasta las últimas consecuencias”.
Andrés Cortez fue desafectado del Plan Progreso a pesar de tener toda la documentación y las cuotas al día. Relató que “desde el Gobierno me comunicaron que ya no figuro en los listados de las viviendas porque no soy de San Luis, se excusaron con el decreto de Arraigo”.
“Planeamos una vida y ahora nos cierran las puertas. Hace 30 años que vivo acá y por una pulseada política pagamos todos, tengo bronca, lastima, pena y mucha tristeza”, describió el vecino oriundo de Capital Federal.
Rubén Flores es chofer de taxi y vive en la provincia desde 1995, tiene un hijo nacido en San Luis y otro que lleva 4 meses de gestación.
“Fui damnificado, del Plan Sueños, por no ser nativo”, así comenzó la historia, de este puntano, por adopción, como el mismo se calificó.
“Mi señora realizó los estudios primarios y secundarios, hasta que logró recibirse de docente en San Luis, por mi parte fui soldado voluntario”, comentó mientras mostraba toda la documentación correspondiente.
“Cómo le digo a mi hijo en vísperas de Navidad que nos han quitado la ilusión de casa la propia”, se preguntó el hombre que ahora ve cómo la vivienda que le habían asignado es habitada por otra familia.
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Guillermo Dominiconi, Presidente Fundación Acción Ciudadadana